El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno no sólo acuda a la reunión con un "compromiso", sino con unas "medidas eficaces y concretas" para solucionar la crisis que atraviesa el campo. Afirmó que las organizaciones agrarias trasladarán a Rodríguez Zapatero las mismas reivindicaciones con las que acudieron a la manifestación del pasado mes de noviembre, entre las que destacó la intervención pública en la "cadena de composición de los precios" agroalimentarios, el aplazamiento de la deuda de los productores y las garantías de cobro para la exportación. Barato añadió que también solicitarán que se mejore la financiación de los profesionales del sector y que se implementen medidas fiscales, entre las que ha citado la reducción del IVA en las tarifas eléctricas. EUROPA PRESS. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reune previsiblemente hoy, día 29, con los responsables de las organizaciones agrarias para abordar los problemas del campo español y escuchar sus reivindicaciones y propuestas, informaron a Europa Press en fuentes del sector. En concreto, asistirán a la reunión, que está prevista sobre las 18.00 horas, los máximos responsables de las organizaciones agrarias ASAJA, Coag y Upa, así como de Cooperativas Agrarias, quienes entregarán al presidente del Ejecutivo un documento conjunto con los principales problemas del sector y soluciones. Precisamente, el ministro de Fomento, José Blanco ya anunció este encuentro la semana pasada, donde aseguró que Rodríguez Zapatero se reuniría con los agricultores antes de final de año y garantizó que "el Gobierno no dejará abandonado a su suerte al campo español". La reunión con Rodríguez Zapatero se celebra después de que miles de agricultores procedentes de todas las comunidades autónomas se manifestaran el pasado 21 de noviembre en Madrid para denunciar el "desmantelamiento" del campo y exigir al Gobierno medidas ante una crisis que debe considerarse como un "problema de Estado". Bajo el lema ´El campo se arruina, exigimos soluciones´, los agricultores y ganaderos reclamaron "precios justos" y denunciaron la "grave situación" por la que atraviesa el sector, cuya renta real total ha caído un 26% en los últimos cinco años, con la pérdida de 124.000 empleos, frente a un incremento de los costes de la producción agraria en 34,3%. Además de exigir precios justos para los productos, las organizaciones reclamaron mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector; el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013; un plan de apoyo a las energías renovables y la puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa. La reunión con el presidente del Gobierno viene precedida de otra con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, quien se se comprometió con las organizaciones agrarias a constituir diversas mesas de trabajo para abordar la crisis que atraviesa el sector, algunas de las cuales, entre ellas la de Competencia, Biocombustibles o la del futuro de la Política Agricola Común (PAC), ya se han puesto en marcha. El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno no sólo acuda a la reunión con un "compromiso", sino con unas "medidas eficaces y concretas" para solucionar la crisis que atraviesa el campo. Afirmó que las organizaciones agrarias trasladarán a Rodríguez Zapatero las mismas reivindicaciones con las que acudieron a la manifestación del pasado mes de noviembre, entre las que destacó la intervención pública en la "cadena de composición de los precios" agroalimentarios, el aplazamiento de la deuda de los productores y las garantías de cobro para la exportación. Barato añadió que también solicitarán que se mejore la financiación de los profesionales del sector y que se implementen medidas fiscales, entre las que ha citado la reducción del IVA en las tarifas eléctricas.

LA RAZÓN. César Lumbreras. El próximo jueves España asume oficialmente la Presidencia del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), por cuarta vez desde que se produjo la incorporación de nuestro país a la entonces CEE, el 1 de enero de 1986. A pesar de los intentos de la delegación de Madrid, este semestre va a tener muy poco contenido, como consecuencia de que todavía no se ha constituido la nueva Comisión Europea, único órgano comunitario con capacidad de iniciativa y de presentar propuestas. En estos momentos, no hay ninguna importante encima de la mesa y las primeras llegarán como muy pronto a finales de la primavera, por lo que lo más probable es que se discutan durante el segundo semestre de este año. De momento, habrá que esperar a que se constituya el nuevo Colegio de Comisarios, una vez que pasen las correspondientes audiciones en el Parlamento Europeo. Formación de precios El comisario designado para ocuparse de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural es el antiguo ministro rumano, Dacian Ciolos. La primera reunión del Consejo Agrícola bajoPresidencia española tendrá lugar el próximo día 19 de enero. Durante este encuentro Elena Espinosa presentará su programa de trabajo y se analizará también el sistema de formación de precios de toda la cadena agroalimentaria. Esta cuestión preocupa mucho en España y en otros Estados miembros, a la vista de la gran diferencia que existe entre los precios percibidos por los agricultores y ganaderos y los que pagamos los consumidores por los mismos productos. La delegación de Madrid pretende dar una gran importancia a los debates sobre la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014, llegando incluso hasta el horizonte 2020. Con este objetivo, semanas atrás se presentó un documento, que ha sido remitido a Bruselas y al resto de capitales europeas. En este informe se apuesta por considerar a la PAC como una política estratégica. Por tanto, debe estar dotada adecuadamente desde el punto de vista financiero para garantizar la seguridad alimentaria, tanto en cantidad como en calidad. Otra de las misiones de esta política sería respetar el medio ambiente.

El Gobierno ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la celebración en Zaragoza durante el mes de mayo de 2010, de dos reuniones relacionadas con la discapacidad y la autonomía personal. Ambas están incluidas en los actos que se celebrarán con motivo de la presidencia española de la UE, durante el primer semestre de 2010. Los días 20 y 21 de mayo del próximo año se celebrará la Conferencia sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, la accesibilidad universal y el empleo. El objetivo de la misma es debatir e impulsar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como promover políticas de la UE y de sus estados miembros que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Durante esta Conferencia está prevista la intervención de la Comisión Europea, ministros y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También se desarrollarán dos sesiones de alto nivel relativas a la aplicación de la Convención y la accesibilidad, además de distintos talleres y una sesión específica sobre la nueva estrategia sobre la discapacidad. Previamente, el 19 de mayo, se celebrará una Reunión Informal de Ministros, que tratará básicamente sobre la información y seguimiento de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA A LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD El Consejo de Ministros también ha estudiado un informe sobre las actuaciones del grupo de trabajo interministerial para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este grupo está presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y compuesto por todos los ministerios. Hasta el momento, se han llevado a cabo tres reuniones del grupo de trabajo en las que se ha analizado el estado de situación actual y la metodología que hay que seguir para elaborar el estudio final comparativo de la normativa española y los borradores de textos legislativos que la modifiquen. Además, el grupo ha acordado solicitar la colaboración del sector asociativo de la discapacidad. El texto final para la adaptación a la legislación española de esta Convención será realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España el 30 de marzo de 2007, con entrada en vigor el 3 de mayor de 2008), prevé las medidas que los Estados deberán implantar para garantizar que las personas con discapacidad pueda disfrutar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. ACCIONES E INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN 2008 Y 2009 Asimismo, el Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre acciones e inversiones en accesibilidad de la Administración General del Estado en 2008 y 2009. Durante estos dos años, se han invertido 375 millones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, acercando los servicios, facilitando la comunicación y la integración social. Dentro de estas inversiones, las realizadas en accesibilidad física (relacionadas con los edificios públicos y entornos de los mismos) son mayoritarias, ya que se han destinado a este concepto más de 317 millones de euros. La inversión en accesibilidad virtual (accesibilidad web, adaptación de aplicaciones, subtitulado y audiodescripción, oficina virtual, Plan Avanza, TDT) fue de 32,5 millones. Para el resto de medidas relacionadas con la accesibilidad (formación en lengua de signos, voto accesible…) se destinaron 25,1 millones de euros. La accesibilidad es un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y un criterio básico en la gestión de la acción pública. Con este informe se pone de manifiesto que el Gobierno, en los últimos años, ha mantenido una intervención sostenida en el impulso de políticas activas para alcanzar de manera real la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y la equiparación de derechos de las personas con discapacidad con el resto de los ciudadanos.

EL MUNDO. La luz se encarecerá para la mayoría de los consumidores un 2,6% en el próximo año y el gas se mantendrá. Así lo ha anunciado el Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre. De este modo, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que pueden acogerse 25 millones de hogares y pequeñas empresas, subirá a partir del 1 de enero un 2,6%. Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la luz no subirá ni para los que tienen el bono social (quienes tienen una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas, parados y familias numerosas) ni para quienes han contratado la tarifa con discriminación horaria (la antigua tarifa nocturna). El encarecimiento para los consumidores con tarifa convencional, según los cálculos ofrecidos por el Ministerio de Industria en una nota, equivaldrá a 89 céntimos de euro al mes para un consumidor medio. El incremento medio de esta tarifa y la de discriminación será del 2,2%, o de 77 céntimos al mes. La subida es fruto de aplicar un incremento del 14,25% en la tarifa de acceso, que pesa cerca del 50% en la fórmula de cálculo y que recoge todos los costes regulados del sistema eléctrico. Subida acumulada de la luz El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento del 9,08% (3,3% en enero y 5,6% en julio). Durante 2009 se han aplicado dos subidas. La primera, en enero, fue del 3,4%, mientras que la segunda, en julio y con la puesta en marcha de la nueva TUR, fue del 2%. La TUR se aplica a los cerca de 24,9 millones de consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada que no hayan querido contratar el suministro en el mercado libre. Congelación del gas En cuanto al gas natural, que se revisa trimestralmente, Fernández de la Vega ha anunciado que la tarifa regulada de este producto "no sube, sube cero", en la revisión de enero, que quedará plasmada a través de una orden ministerial publicada por Industria. La congelación afecta a siete millones de clientes, de los que 3,49 millones corresponden a usuarios de TUR 1 (consumidores domésticos sin calefacción, o de menos de 5.000 kilovatios hora (kwh) al año) y 3,51 millones a los de TUR 2 (más de 5.000 kWh al año). En la última revisión trimestral, correspondiente a octubre, la TUR de gas natural de los consumidores domésticos --tanto TUR 1 como TUR 2-- bajó de media el 1,24%, lo que equivalió a una reducción de la factura mensual de un consumidor tipo de 0,32 euros al mes. En julio, la bajada fue del 0,1% para los consumidores domésticos sin calefacción de la T1, lo que equivalió a una reducción de 0,13 euros al mes para un consumidor tipo. La T2 bajó el 5,4%, o unos 2,3 euros al mes para un consumidor medio, de modo que la bajada media de las tarifas fue del 4,2%, o de 1,9 euros mensuales.

Acaba el 2009, un año penoso para las rentas familiares, fruto de la grave crisis económica en la que nos encontramos inmersos y de la nula gestión del Gobierno nacional. Una situación que se agrava para el sector agrario, que aglutina a cerca de un millón de hombres y mujeres de población activa y que genera 360.000 puestos de trabajo en España. Nuestras explotaciones agrarias se están arruinando y perdiendo rentabilidad. El sector agrario está afrontando la peor crisis económica de la historia que afecta a todos los sectores de la producción. Esta grave situación tiene su origen en la profunda crisis de mercado con los precios hundidos en origen y con costes de producción disparados hasta un 34%. En los últimos cinco años, nuestra renta ha caído un 26%. Tanto es así, que más de 200.000 agricultores y ganaderos aunamos nuestras voces en Madrid el pasado 21 de noviembre para decir “basta ya” a la lamentable y triste agonía del campo español. Miles de personas recorrimos las calles de la capital en una jornada que constituye todo un hito de participación y respaldo de la opinión pública, aunque hasta la fecha el Gobierno haya querido hacer oídos sordos a nuestras reivindicaciones, ignorando la voz del campo. La profunda crisis que padece el campo está arruinando a miles de familias y poniendo en peligro la continuidad de muchos pueblos, mientras que nuestros dirigentes políticos se permiten el lujo de dejar pasar el tiempo sin aportar soluciones y sin elaborar un plan de futuro para el sector. ¿Y qué podemos hacer nosotros y nuestras familias ante esta complicada situación? La respuesta es sencilla: apoyar al campo español. Quedan muy pocos días para la celebrar la Navidad y muchos ya estamos pensando en los menús de Nochebuena o Nochevieja, dos de las noches más especiales del año, en las que nos reuniremos con nuestros familiares y amigos. Hay quienes apostarán por un delicioso asado de cordero, otros por el cochinillo, quizá algunos por el pavo o el pollo, y los amantes de la carne roja se decantarán por un buen chuletón de buey. En cualquier caso, teniendo en cuenta lo que cobran los ganaderos, deberíamos encontrar estos productos a precios muy bajos en los supermercados. Pero sea cual fuere su elección, el sector agrario se lo agradecerá, ya que necesitan del apoyo del consumidor para poder remontar al menos en estas fechas tan señaladas. Y de paso, no se olviden regar sus platos con un buen caldo de la tierra, que los tenemos exquisitos, y cada vez de más calidad. Alcen sus copas, y brinden con vinos españoles por la paz y la felicidad… y pidan a los Reyes Magos que nos traigan para el próximo año una buena gestión y respuestas para el sector por parte de nuestros gobernantes, que falta nos hace. Ahora llega la Navidad y son días para vivirlos en el amor de la familia, el mejor remedio frente a cualquier crisis. No pierdan nunca el espíritu de la Navidad.¡Próspero 2010! María Dolores Merino Chacón Presidenta Nacional de AMFAR Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural

Europa Press. El aumento dejará el salario mínimo en 630 euros, sólo seis más que ahora. El Gobierno prometió elevarlo a 800 euros en 2012, lo que exige un 8% anual. Los sindicatos CCOO y UGT han pedido al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que frene la decisión del Gobierno de aprobar una subida del 1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2010. En una carta firmada por sus secretarios de Acción Sindical, Ramón Górriz y Toni Ferrer, los sindicatos responden a una misiva del pasado 18 de diciembre en la que Corbacho informaba a ambas centrales de las razones del Gobierno respecto de dicha subida. La propuesta del Gobierno situaría la cuantía del SMI en unos 630 euros al mes, frente a los 624 euros actuales. La propuesta del Ministerio queda lejos de la realizada por los sindicatos, que han pedido al Gobierno que suba un 8% el SMI en 2010, hasta los 674 euros mensuales. Los sindicatos creen que "el gasto derivado de la actualización del SMI en 2010 es perfectamente compatible con las políticas de gasto destinadas a la creación de empleo" y constatan "la pérdida de peso del SMI, un 40,9% en 2009". "Las razones que expresáis desde vuestro Ministerio van en sentido contrario al fortalecimiento de la cohesión social y nos sitúan lejos del nivel marcado por la Carta Social Europea", añaden. Asimismo, CCOO y UGT insisten en recordar que el Gobierno se comprometió al inicio de la Legislatura a situar el SMI en 800 euros mensuales en 2012 -lo que equilvadría a una subida del 8% por año-. Al respecto, apuntan que "la crisis económica no puede servir como excusa para desistir en el objetivo comprometido por el Presidente de Gobierno en su discurso de investidura" y que, de aprobarse la cuantía del SMI propuesto para 2010, "se tornará difícil cumplir con dicho compromiso".

EFE. MADRID. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto de Revalorización de las Pensiones, que recoge subidas del 1% para pensiones contributivas y de entre el 2% y el 4,87% para las mínimas, con un alza del 4,6% para las viudas y jubilados solos con bajos ingresos. "El punto de partida" de estas pensiones es "especialmente bajo" y por eso el esfuerzo es "mayor", ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, la subida media de las pensiones contributivas, que beneficiará a más de ocho millones de personas, será del 1%, mientras que los 2,7 millones de personas que reciben prestaciones mínimas las verán incrementadas una media del 4%, con subidas entre el 2% y el 4,87%, según los tipos de pensión. El ministerio de Trabajo calcula que un millón de jubilados y viudos, tanto hombres como mujeres, verán incrementada su pensión mínima entre el 4,67% y el 4,87%. Para este grupo, la pensión de jubilación se situará en 587,80 euros al mes (mayores de 65 años) y 549,80 euros al mes (menores de 65); las de viudedad suben entre un 4,31% para las viudas con cargas familiares que percibirán 679,70 euros al mes, y el aumento del 5,57%, hasta los 444,90 euros al mes, para las viudas menores de 60 años. Las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo subirán este año entre el 4,17% y 4,31% euros al mes, lo que supondrá que serán de 725,20 euros (a partir de 65 años) y 679,70 euros (menos de 65), las pensiones del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, a extinguir) subirán un 2%. El límite de la pensión máxima pública se sitúa en 2.466,20 euros al mes. La inflación entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 fue del 0,3%, 1,7 décimas menos de la subida del 2% aprobada con carácter general para las prestaciones este año. Por este motivo no ha sido necesario compensar a los pensionistas, debido a que la inflación no ha superado el 2% y al ser inferior los pensionistas han experimentado una ganancia de 1,7 puntos. En el caso de las pensiones mínimas, esta ganancia de poder adquisitivo es de hasta 6 puntos debido a que sus prestaciones subieron entre un 3% y 7,26%, recuerda Trabajo.