EL PAÍS. Las empleadas de hogar equipararán pronto sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores. El Gobierno pretende desterrar el régimen anacrónico que las regula actualmente y que exime de la obligación de cotizar a la Seguridad Social si la jornada es inferior a 72 horas mensuales. Con la nueva norma, empleadores y empleadas estarán obligados a cotizar "desde la primera hora", según el documento que el Ministerio de Trabajo ha remitido a los sindicatos y la patronal. Tras un intento fallido a finales de 2007, el Ejecutivo pretende retomar ahora su intención de integrar a este colectivo -cada vez más numeroso- en el régimen general de la Seguridad Social. Oficialmente hay casi 300.000 personas afiliadas al régimen especial del hogar, pero los expertos creen que la cifra real al menos duplica ese registro. Con la idea de que el nuevo marco legal esté listo para este año, los agentes sociales han pedido al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, liquidar esta tarea pendiente antes de avanzar en otros cambios relativos al sistema de pensiones. Éstas son las novedades: - Contrato de trabajo. La regulación desincentiva el contrato verbal, el más común hasta ahora. Si el empleador opta por esa modalidad, "el contrato se presumirá concertado por tiempo indefinido y a tiempo completo". Además, cualquiera de las partes "podrá exigir que el contrato se formalice por escrito" y el empleador estará obligado a comunicar su contenido a la Seguridad Social. En el lado negativo, el periodo de prueba podrá durar dos meses, frente a los 15 días que establece la norma actual. - Despido. Se unifica en 20 días por año trabajado la indemnización prevista, tanto si es improcedente como si no (antes esa cuantía sólo se reservaba para los despidos improcedentes). El empleador deberá depositar el dinero al comunicar la decisión a la trabajadora y tendrá que avisarla con 20 días de antelación si ha prestado sus servicios durante más de un año. En ese periodo, la empleada tendrá derecho a una "licencia de seis horas semanales" para buscar trabajo. - Salario. Al igual que hasta ahora, el salario mínimo (624 euros al mes en 2009) seguirá rigiendo esa relación laboral. El texto propuesto por Trabajo mantiene la discutible fórmula de poder detraer del sueldo el alojamiento o la manutención, aunque se introducen dos requisitos que limitan mucho su aplicación. En primer lugar, se rebaja del 45% al 30% el porcentaje que puede representar ese salario en especie. Además, el descuento estará prohibido si la empleada elabora los alimentos que ella misma consume y si el alojamiento en el domicilio es una condición impuesta por el empleador. Las dos medias pagas extraordinarias a las que la trabajadora tiene ahora derecho se convertirán en pagas completas en un plazo de cinco años. - Jornada. El tiempo máximo ordinario será de 40 horas semanales. Podrá haber horas extraordinarias, pero se pagarán aparte. Entre una y otra jornada deberán transcurrir al menos 12 horas (ahora son 10). El descanso semanal será de 36 horas, que comprenderán el domingo completo y la tarde del sábado o la mañana del lunes. - Vacaciones. No hay cambios. Las trabajadoras dispondrán de 30 días naturales, de los que al menos 15 se disfrutarán seguidos. - Seguridad Social. Es el capítulo más novedoso del documento.Todos los empleadores deberán inscribirse en el Registro de Empresarios de la Seguridad Social. Además, se suprime el límite de 72 horas al mes por debajo del cual no había obligación de cotizar y se obliga a las dos partes a hacerlo "desde la primera hora". Aunque la empleada seguirá pagando parte de esa cantidad, la obligación de ingresar la cuota será del empleador (ahora la familia sólo tiene que hacerlo si precisa del servicio más de 80 horas al mes). El tipo de cotización será, en principio, el 22% vigente, pero irá subiendo hasta llegar al del resto de trabajadores por cuenta ajena (28,30%). - Enfermedad y accidentes. Pagar más implicará también ampliar los derechos en caso de baja. Las empleadas cobrarán de la Seguridad Social a partir del 16º día como el resto de trabajadores (ahora la persona que contrata debe hacerse cargo hasta el día 29º). Se obligará, además, a cotizar por accidentes laborales.

EFE. Los sindicatos habían reclamado un incremento del 8%. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanzará los 633 euros brutos al mes en 2010 lo que supone una subida del 1,5% -nueve euros- respecto al que se percibe este año. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros, que aprobó el real decreto que fija, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la subida del SMI para 2010. Con carácter general, el salario mínimo queda fijado en 21,11 euros al día y en cómputo anual en ningún caso será inferior a los 8.866,20 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días el salario no podrá ser inferior a 30 euros por jornada. Para las empleadas de hogar la cuantía que se fija para la hora trabajada es de 4,96 euros, según la reseña del Consejo de Ministros. Críticas de los sindicatos El incremento para 2010 es medio punto más de lo que en principio proponía el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 6,5 puntos menos de lo que pedían los sindicatos, que reclamaban un alza del 8%, para que esta retribución mínima llegase a los 674 euros brutos al mes. Según los últimos datos del INE, en España más de dos millones de trabajadores perciben el SMI, que es la retribución mínima que puede percibir un trabajador por su jornada legal de trabajo. En la referencia del Consejo de Ministros se explica que la subida se ha decidido teniendo en cuenta el "difícil" contexto económico actual. En este sentido, se precisa que la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) -que ha cerrado el año en el 0,3%- del último año ha quedado "muy por debajo" de las cifras de años precedentes. Esto, se añade, se "puede tomar como un factor propicio para la continuación de una política de moderación salarial que contribuya a la recuperación económica y a la creación de empleo". Los sindicatos CCOO y UGT habían exigido al Gobierno que el SMI se incrementase un 8%, hasta los 674 euros al mes, para que en 2012 llegue al menos a los 800 euros, la cantidad que prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su programa electoral. Al respecto, en la reseña del Consejo de Ministros se afirma que con el alza para 2010 se continúa con la política iniciada en 2004 de elevar el SMI hasta alcanzar los 800 euros y se mantiene la senda de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

EUROPA PRESS. Laura Seara es diputada socialista en el parlamento gallego. El Consejo de Ministros firmó hoy el nombramiento de la diputada del parlamento gallego Laura Seara como nueva directora del Instituto de la Mujer, en sustitución de Rosa María Peris, cuya destitución se hizo pública ayer. Seara (20 de abril de 1975) es nacida en Orense y licenciada en Derecho. Ha trabajado como Consultora de Calidad y fue Vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Desde 2001 es Diputada del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia donde fue Portavoz de Medio Ambiente y donde actualmente es Portavoz de Igualdad y Bienestar del Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido Secretaria de Movimientos Sociales y Secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas, y actualmente es responsable del Área de Igualdad, Movimientos Sociales e Inmigración en la Comisión Ejecutiva Nacional del PSdeG-PSOE y forma parte del Comité Federal del PSOE, según informó el Consejo de Ministros.

MADRID- Rosa Peris deja el cargo a dos días del inicio de la presidencia española de la UE, en la que impulsarán políticas de Igualdad. Dos días antes de que España asuma la Presidencia de la UE, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destituido de forma fulminante a Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer desde hace cinco años, decisión que será ratificada hoy por el Consejo de Ministros. Su lugar será ocupado por la portavoz de Igualdad del PSOE en el Parlamento gallego, Laura Seara que, aunque está avalada por el ministro de Fomento, José Blanco, llega sin capacidad de maniobra porque desconoce todos los proyectos para los próximos seis meses que, además, ya están en marcha. Fuentes de Igualdad dijeron que se trata de un relevo «semiorganizado» y que el «Ministerio tiene la potestad de realizar los cambios que crea oportunos». Según las mismas fuentes, «este cambio servirá para dar un impulso a la institución en la segunda mitad de la Legislatura», una maniobra que, afirmaron, «está desvinculada de la Presidencia de la UE». De hecho, durante los próximos seis meses, el Gabinete de Aído tratará de establecer un teléfono europeo de atención a la mujer maltratada, de que las órdenes de protección tengan vigencia en todo el continente y de unificar criterios en la definición de violencia de género. Sin embargo, parece que la relación entre Aído y Peris estaba predestinada a acabar mal. El Instituto de la Mujer, organismo autónomo con más de 25 años de experiencia, pasó a depender de Igualdad cuando se creó el Ministerio hace dos años. En este periodo, han pasado por el edificio de la calle Alcalá tres directores de Gabinete, tres jefes de Prensa y dos secretarias generales. A estos cambios hay que añadir el nombramiento de Miguel Lorente, que llegó con Aído, como delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Sólo quedaba Peris. A pesar de todo, en el sector han sorprendido la forma y las fechas en las que se ha producido. La portavoz adjunta de Igualdad del Grupo Popular en el Congreso, Susana Camarero, criticó la decisión y anunció que la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pedirá próximamente la comparecencia de la ministra en el Parlamento para que dé explicaciones: «Parece que la ha destituido con nocturnidad y alevosía. Aído tiene miedo a que le hagan sombra y acaba con todo aquél que tenga un poco de experiencia». Ésta opinión la comparten otras fuentes cercanas al Ministerio. «Cada día demuestra que Igualdad es más ineficaz», lamentó Camarero. Las feministas, extrañadas La noticia cayó como un jarro de agua fría entre las asociaciones de mujeres, que alabaron los cinco años de gestión de Rosa Peris y su capacidad para el diálogo y apuntaron que quizás su carácter indomable podría suponer un problema en los próximos meses. Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, afirmó que «Peris es una persona muy sensata, que estaba realizando muy bien su trabajo». «Nos ha sorprendido mucho la noticia que, además, llega en unas fechas inconvenientes por la Navidad y por la Presidencia de la Union Europea», añadió. En la misma línea se manifestó Marisa Soreto, de la Fundación Mujeres: «En estos cinco años se ha ganado el afecto y respeto de todas las organizaciones, tanto de derechas como de izquierdas». Por su parte, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Progresista de Mujeres, también se mostró muy sorprendida, dijo que su trabajo al frente del Instituto de la Mujer ha sido «excelente» y destacó su «cercanía con las asociaciones de mujeres».

ASAJA. Los máximos representantes de las cuatro organizaciones exigen al Gobierno un plan de sostenibilidad y reactivación económica para el sector agrario español. El Presidente del Gobierno se compromete a tener una nueva reunión a finales de febrero para evaluar el desarrollo de las medidas Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran positivo el encuentro mantenido en la tarde de ayer con el Presidente del Gobierno para abordar la grave crisis en la que se encuentra inmerso el campo. Rodríguez Zapatero se mostró receptivo ante los problemas que padece el sector agrario al que calificó de “estratégico” para el conjunto de la sociedad y “vital” para el desarrollo del medio rural. Además, señaló que la labor de agricultores y ganaderos es imprescindible para afrontar los retos que plantea el cambio climático y primordial para garantizar alimentos en cantidad y calidad suficiente a los ciudadanos europeos. En este sentido, el jefe del Ejecutivo se comprometió con el sector a desarrollar las siguientes medidas: 1.- Establecer financiación en tres materias: moratoria de los préstamos oficiales ya existentes, nuevas líneas de financiación ICO y reaseguro para la cobertura del riesgo de insolvencia en las exportaciones, entre otras producciones para aceite, vino y frutas y hortalizas. 2.- Respecto al encarecimiento de las tarifas eléctricas el presidente se ha comprometido a pedir al ministro de Industria una solución favorable para el sector agrario. 3.- En materia de precios, se compromete a abordar a nivel político la problemática de la cadena agroalimentaria y a analizar las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia para desembocar en una revisión normativa y en la participación del sector agrario en la composición de los precios. Igualmente, propone la constitución de una mesa para apoyar el desarrollo de las Interprofesionales. 4.- Se crea una comisión interministerial, encabezada por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para tratar los temas que afectan a otros ministerios. 5.- En lo concerniente a fiscalidad, se remite a las mesas constituidas. 6.- El presidente insta a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino allí presente a actuar en un plan de activación de la demanda con el fin de incrementar el consumo en sectores como cereales, olivar, vino, frutas y hortalizas, leche, ovino-caprino, porcino de capa blanca, porcino ibérico y vacuno de carne. 7.- Impulso a la concentración de la oferta e integración cooperativa, y en particular, el apoyo a la creación de grupos empresariales cooperativos suprautonómicos. Asimismo, tanto el Presidente del Gobierno como la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, también presente en el encuentro, se comprometieron a poner en marcha todas estas medidas antes de que finalice el mes de enero y a tener una nueva reunión en la última semana de febrero para evaluar el desarrollo de las mismas. (*) Las fotos de la reunión con el presidente del Gobierno estarán disponibles, a lo largo de la tarde, en la pagina oficial de Moncloa: www.la-moncloa.es

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno no sólo acuda a la reunión con un "compromiso", sino con unas "medidas eficaces y concretas" para solucionar la crisis que atraviesa el campo. Afirmó que las organizaciones agrarias trasladarán a Rodríguez Zapatero las mismas reivindicaciones con las que acudieron a la manifestación del pasado mes de noviembre, entre las que destacó la intervención pública en la "cadena de composición de los precios" agroalimentarios, el aplazamiento de la deuda de los productores y las garantías de cobro para la exportación. Barato añadió que también solicitarán que se mejore la financiación de los profesionales del sector y que se implementen medidas fiscales, entre las que ha citado la reducción del IVA en las tarifas eléctricas. EUROPA PRESS. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reune previsiblemente hoy, día 29, con los responsables de las organizaciones agrarias para abordar los problemas del campo español y escuchar sus reivindicaciones y propuestas, informaron a Europa Press en fuentes del sector. En concreto, asistirán a la reunión, que está prevista sobre las 18.00 horas, los máximos responsables de las organizaciones agrarias ASAJA, Coag y Upa, así como de Cooperativas Agrarias, quienes entregarán al presidente del Ejecutivo un documento conjunto con los principales problemas del sector y soluciones. Precisamente, el ministro de Fomento, José Blanco ya anunció este encuentro la semana pasada, donde aseguró que Rodríguez Zapatero se reuniría con los agricultores antes de final de año y garantizó que "el Gobierno no dejará abandonado a su suerte al campo español". La reunión con Rodríguez Zapatero se celebra después de que miles de agricultores procedentes de todas las comunidades autónomas se manifestaran el pasado 21 de noviembre en Madrid para denunciar el "desmantelamiento" del campo y exigir al Gobierno medidas ante una crisis que debe considerarse como un "problema de Estado". Bajo el lema ´El campo se arruina, exigimos soluciones´, los agricultores y ganaderos reclamaron "precios justos" y denunciaron la "grave situación" por la que atraviesa el sector, cuya renta real total ha caído un 26% en los últimos cinco años, con la pérdida de 124.000 empleos, frente a un incremento de los costes de la producción agraria en 34,3%. Además de exigir precios justos para los productos, las organizaciones reclamaron mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector; el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013; un plan de apoyo a las energías renovables y la puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa. La reunión con el presidente del Gobierno viene precedida de otra con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, quien se se comprometió con las organizaciones agrarias a constituir diversas mesas de trabajo para abordar la crisis que atraviesa el sector, algunas de las cuales, entre ellas la de Competencia, Biocombustibles o la del futuro de la Política Agricola Común (PAC), ya se han puesto en marcha. El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno no sólo acuda a la reunión con un "compromiso", sino con unas "medidas eficaces y concretas" para solucionar la crisis que atraviesa el campo. Afirmó que las organizaciones agrarias trasladarán a Rodríguez Zapatero las mismas reivindicaciones con las que acudieron a la manifestación del pasado mes de noviembre, entre las que destacó la intervención pública en la "cadena de composición de los precios" agroalimentarios, el aplazamiento de la deuda de los productores y las garantías de cobro para la exportación. Barato añadió que también solicitarán que se mejore la financiación de los profesionales del sector y que se implementen medidas fiscales, entre las que ha citado la reducción del IVA en las tarifas eléctricas.

LA RAZÓN. César Lumbreras. El próximo jueves España asume oficialmente la Presidencia del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), por cuarta vez desde que se produjo la incorporación de nuestro país a la entonces CEE, el 1 de enero de 1986. A pesar de los intentos de la delegación de Madrid, este semestre va a tener muy poco contenido, como consecuencia de que todavía no se ha constituido la nueva Comisión Europea, único órgano comunitario con capacidad de iniciativa y de presentar propuestas. En estos momentos, no hay ninguna importante encima de la mesa y las primeras llegarán como muy pronto a finales de la primavera, por lo que lo más probable es que se discutan durante el segundo semestre de este año. De momento, habrá que esperar a que se constituya el nuevo Colegio de Comisarios, una vez que pasen las correspondientes audiciones en el Parlamento Europeo. Formación de precios El comisario designado para ocuparse de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural es el antiguo ministro rumano, Dacian Ciolos. La primera reunión del Consejo Agrícola bajoPresidencia española tendrá lugar el próximo día 19 de enero. Durante este encuentro Elena Espinosa presentará su programa de trabajo y se analizará también el sistema de formación de precios de toda la cadena agroalimentaria. Esta cuestión preocupa mucho en España y en otros Estados miembros, a la vista de la gran diferencia que existe entre los precios percibidos por los agricultores y ganaderos y los que pagamos los consumidores por los mismos productos. La delegación de Madrid pretende dar una gran importancia a los debates sobre la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014, llegando incluso hasta el horizonte 2020. Con este objetivo, semanas atrás se presentó un documento, que ha sido remitido a Bruselas y al resto de capitales europeas. En este informe se apuesta por considerar a la PAC como una política estratégica. Por tanto, debe estar dotada adecuadamente desde el punto de vista financiero para garantizar la seguridad alimentaria, tanto en cantidad como en calidad. Otra de las misiones de esta política sería respetar el medio ambiente.