Acabar con la violencia de género, conseguir que la cifra de 55 mujeres muertas el año pasado en España (una en Castilla y León) a manos de sus parejas o ex parejas llegue a cero, como paso previo imprescindible para lograr la efectiva igualdad entre hombres y mujeres es el «objetivo básico» que persigue el proyecto de Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno. Una norma «multidisciplinar e integral» que eleva al máximo rango legal «la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva» a este problema social de primer orden, que salta más allá del ámbito familiar, a la vez que reconoce una serie de derechos a las víctimas, así como a las personas dependientes que viven con ellas, según destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. En este sentido, hizo especial hincapié en que la prevención, a través de la educación y sensibilización, será clave «para fomentar cambios de actitudes en nuestra sociedad». Antón subrayó como «fundamental» la «educación en valores para transmitir una educación en igualdad», empezando desde niños, pero llegando también al terreno social o laboral, además de mejorar la cualificación de los profesionales, cuya «labor será crucial para la detección y atención». Precisamente, la educación «como pilar básico» es una de las novedades del texto, compuesto por 46 artículos y un título preliminar,que comienza su tramitación en las Cortes con el objetivo de ser aprobado definitivamente entre junio y octubre con «el máximo consenso posible» -el PSOE no lo enmendará en su totalidad, aunque propondrá modificaciones-, tras contar en su elaboración con una «gran participación e implicación», al recibir las aportaciones de 46 entidades, asociaciones de mujeres, sindicales, empresariales o colegios profesionales. «Concepto amplio y avanzado» La norma también destaca porque define un «concepto muy amplio y avanzado» de la violencia de género, tanto física, como psíquica, emocional, sexual o económica, que «no sólo se limita a la manifestación entre parejas o ex parejas, sino a todas las relaciones en que se manifieste: familiar, social o laboral», destacó Antón para hacer frente a nuevas situaciones. Además, se llevarán a cabo programas específicos para grupos vulnerables como inmigrantes. El texto aborda la violencia de género desde dos ámbitos: la prevención y la atención para dar una respuesta efectiva a las necesidades existentes, a la vez que incide en la coordinación de las medidas de las administraciones, en la línea de los acuerdos firmados por Castilla y León con otras comunidades. Además, «define, clarifica y establece» la red de asistencia a víctimas (la región dispone de 207 plazas en 19 centros en los que entre enero y septiembre fueron atendidas 277 mujeres y 283 menores).

LA RAZÓN. Juezas y magistradas ocupan sólo 25 de los 195 puestos de relevancia de la Magistratura que designa el CGPJ. De las 51 audiencias provinciales, nueve están presididas por mujeres, según datos del Consejo del Poder Judicial. La presencia de las mujeres en el mundo judicial es cada vez más palmaria, pero la cúspide de la Magistratura sigue estando, mayoritariamente, en manos de hombres. No hay más que echar un vistazo a los 195 altos cargos de la Carrera Judicial, cuya elección es discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para darse cuenta de que la tan invocada igualdad es todavía una quimera entre los togados de mayor relumbrón: 170 los ejercen hombres y únicamente 25, mujeres. Así lo pone de manifiesto el último informe de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Judicatura del CGPJ sobre la distribución de cargos discrecionales entre ambos sexos. En el Tribunal Supremo, sin ir más lejos, los datos son apabullantes. Entre los cinco presidentes de Sala no hay ninguna mujer y, en el total de magistrados, la disparidad de representación entre hombres y mujeres (71-10) habla por sí sola. No ha pasado tanto tiempo desde que Milagros Calvo, magistrada de la Sala Social, se convertía en enero de 2002 en la primera fémina en alcanzar la cima del escalafón judicial. Pero cuando llegó al cargo tenía a sus espaldas 22 años de carrera profesional y un amplio currículo, sobre todo en Derecho Laboral. Desde entonces, otras nueve se han unido a esa selecta lista. Y eso que el Supremo ha anulado por dos veces (la última el pasado 17 de diciembre) el nombramiento de una de ellas, la magistrada de la Sala Social Rosa Virolés. Paradójicamente, en las nuevas promociones de jueces cada vez hay más presencia femenina, algo que ya se ha plasmado en el colectivo de jueces y magistrados menores de 40 años, donde las mujeres representan ya casi el 70 por ciento. Esa representación cada vez más notoria no se ha trasladado aún al Tribunal Supremo, entre otros motivos, por el hecho de que para alcanzar la máxima Magistratura es necesario contar al menos con 15 años de ejercicio profesional. En la Audiencia Nacional, ninguna de las presidencias de Sala está en manos de una mujer. Eso sí, la magistrada Ángela Murillo preside la Sección Cuarta de lo Penal desde abril de 2008. Audiencias Provinciales En los distintos tribunales superiores de justicia la situación es también bastante elocuente. Únicamente María Eugenia Alegret está al frente de uno de ellos, el TSJ de Cataluña. El resto es cosa de hombres. Alegret, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue elegida para el cargo en julio de 2004 en sustitución del magistrado Guillem Vidal. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en las presidencias de las Audiencias Provinciales hay actualmente nueve mujeres frente a 42 hombres. Aquí también se van derribando barreras. En febrero del pasado año, por ejemplo, la magistrada Ana Ferrer, de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), se convirtió en la primera mujer en tomar posesión del cargo de presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid. Un escalón más abajo, entre los presidentes de las salas (contenciosa, civil y penal y social) de los tribunales superiores de justicia hay 53 hombres y seis mujeres (hay que tener en cuenta, eso sí, que los presidentes de los TSJ ostentan a su vez la Presidencia de la Sala Civil y Penal respectiva). A diferencia de lo que ocurre en la cima de la Carrera Judicial, en los primeros destinos las mujeres suponen ya una clara mayoría. Así ocurre, por ejemplo, en los juzgados de primera instancia e instrucción, donde según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial casi el 64 por ciento de los mismos tienen a mujeres como titulares. En donde sí son mayoría las juezas y magistradas es en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde acaparan el 66,67 por ciento de los puestos. La proporción entre hombres y mujeres se inclina de forma más acentuada en favor de estas últimas cuanto menor es la edad de los magistrados. Así, entre los jueces menores de 30 años casi un 70 por ciento son mujeres, un porcentaje que baja al 64,86% entre los jueces y magistrados de entre 31 y 40 años. Por contra, sólo un 7,21% de los magistrados de 61 a 70 años son mujeres. La paridad se roza entre los de 41 a 50 años: un 48,33% son mujeres y otro 51,67 por ciento, hombres.