El Consejo de Ministros ha aprobado este martes -21 de abril- un nuevo paquete de medidas económicas, que permitirá a las empresas ajustar los pagos fraccionados de sus impuestos a la situación de cierre y a los autónomos renunciar temporalmente al sistema de tributación por módulos.

Según la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con este cambio, los autónomos podrán calcular, durante el período de estado de alarma, sus pagos fraccionados de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los ingresos a cuenta del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a sus ingresos reales, en lugar de con el método de estimación objetiva habitualmente se utiliza por su mayor simplicidad, sin necesidad de renunciar a éste.

También se establece una reducción en los pagos fraccionados de IRPF e IVA, del que se descontará cada trimestre los días correspondientes al estado de alarma.

Las empresas, además, podrán adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la nueva previsión de ingresos para el año, así como supeditar el abono de las deudas tributarias a la obtención de financiación conforme a la línea de créditos avalados por el Estado.

Raquel Casado (53 años, Madrid) es farmacéutica desde hace 21 años, y ejerce desde hace 11 en Buitrago del Lozoya, un pequeño municipio del norte de Madrid. Cada mañana se levanta a las 5.30, y antes de las 8.30 ya está abriendo su farmacia. Allí trabaja hasta que dan las ocho de la tarde, cuando coge el coche y comienza el reparto de medicamentos a todas aquellas personas que no pueden acercarse a su establecimiento.

“Primero por Buitrago, luego a la Nava, de ahí a Gandullas, de Gandullas a Aoslos, he aprovechado y he subido por Madarcos a Prádena, y ya”, explica esta farmacéutica rural que llega a su casa a las once de la noche, tras haber hecho cerca de 50 kilómetros extra.

Antes de llegar a casa, avisa a su marido y a sus dos hijas para evitar contactos de riesgo, porque en su ruta ha tenido que llevar la medicación a personas infectadas, y según se baja del coche se mete en una habitación donde se quita la ropa, la pone a lavar y se ducha. Cerca de medianoche, Casado puede estar ya por fin con su familia.

Hace unos días, esta farmacéutica se grabó haciendo este reparto que hace de forma altruista, y rápidamente su testimonio se ha vuelto viral: "El mundo rural, antes de que llegase el coronavirus, ya necesitaba apoyo. Yo quería que se nos valorase un poco, porque nos merecemos el mismo reconocimiento que los médicos, las cajeras, los enfermeros o los transportistas".

Desde que empezó la crisis sanitaria en España,, ocho farmaceúticos han fallecido por el coronavirus, 276 profesionales se encuentran ingresados o en cuarentena y 57 farmacias han tenido que cerrar, según los datos compartidos esta semana del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos de España (CGCOF). El objetivo ahora de miles de farmacéuticos es “que la cruz verde no se apague”, especialmente en el caso del mundo rural, donde esto puede suponer un grave problema para cientos de personas.

En España, una de cada cuatro farmacias está en el mundo rural, y el temor al “qué le pasará a la gente si cierro” se ha generalizado, como por ejemplo en el caso de Marta Terciado, que desde hace 10 años es la única farmacéutica de Velayos, en Ávila. En el pueblo, el consultorio médico, que ahora funciona de forma telefónica, solo está operativo una hora y media al día, y el resto del tiempo ella es el personal sanitario más cercano para 200 personas (ahora más, ya que varias familias que veranean en el pueblo decidieron instalarse allí antes de que se declarara el estado de alarma). Un caso que no es excepcional, sino que alrededor de 1.500 farmacéuticos se encuentran en la misma situación, según el CGCOF.

“Si yo no estuviese, se rompería el equipo de trabajo sanitario”, explica Terciado, que trabaja en contacto constante con el consultorio para saber quién puede estar o no infectado, para extremar las medidas de protección y que nadie se quede sin su medicación. Ella es la sanitaria que se encarga de tranquilizar a los vecinos y de recordarles las medidas de protección. Un caso que no es excepcional, sino que alrededor de 1.500 farmacéuticos se encuentran en la misma situación, según el CGCOF.

Para Cristóbal Cabrera, farmacéutico de Sanlúcar de Guadiana, en Huelva, el problema no es tanto el miedo, sino el abastecimiento. "Desde hace más de un mes no hay termómetros en los distribuidores habituales, y lo que hay es demasiado caro", explica Cabrera. "Ni siquiera encuentro guantes por Amazon".

El sistema de farmacias con más extensión de Europa

Raquel Martínez es la secretaria general del CGCOF y desde hace diez años, es farmacéutica en Almazán, en Soria, la provincia más despoblada de España. Ella entiende la situación de excepcionalidad, pero reivindica “la labor a pie de guerra” que están realizando los farmacéuticos.

“Ya no es solo la prestación de la accesibilidad al medicamento, que es algo fundamental, sino que los farmacéuticos estamos siendo un eje de coordinación entre servicios imprescindible en muchos casos”, explica Martínez. Un ejemplo de ello es el trabajo que están llevando a cabo junto a los médicos y la Guardia Civil para controlar que las personas con enfermedades crónicas que no se queden sin su medicación ni aisladas en sus casas.

Nadie les ofrece nada a cambio de los servicios extraordinarios que están realizando, son gestos altruistas, pero que esperan que cuando todo acabe, pongan de manifiesto la importancia de las farmacias para la sociedad. “Tenemos el sistema más capilarizado de toda Europa, y es algo que debemos cuidar y atender, porque las farmacias en este tipo de situaciones están demostrando ser imprescindibles”, defiende Martínez.

Las mujeres de AMFAR Alicante están compaginando su trabajo agrícola con la confección de mascarillas para autoconsumo, para donarlas entre familiares y quienes las necesiten ante la falta de abastecimiento que aún hay en farmacias y puntos de venta.

La presidenta provincial de AMFAR Alicante, Tere Antón, ha explicado que la iniciativa partió de las propias afiliadas, porque “la mayoría de nosotras, cuando no estamos trabajando en nuestra explotación agrícola, aprovechamos para elaborar este material tan necesario ahora que padecemos una pandemia por coronavirus“.

Paqui Gomis, una de las socias conocida en Elche por sus labores artesanales y por haber ganado premios por los belenes que elabora con materiales reciclables, también se puso a disposición de la asociación a la hora de preparar mascarillas para quienes las requieran.

Concreta que ya confeccionó 80 unidades para un grupo de 40 policías. “Pude hacerles dos para cada uno de ellos con el objetivo de que al menos pudieran lavar una al llegar a casa y mientras utilizar la otra”.

Gomis explica que realizan pruebas para comprobar la efectividad de las mascarillas. “Por ejemplo, pulverizamos gas, agua,… sobre la primera capa y probamos que no llegue a la segunda tela, que está en contacto con la cara”.

Aunque ya han elaborado muchas mascarillas, en la confección de mascarillas del material de protección, van sorteando algunas dificultades que se van encontrando por el camino, como es poder contar con toda la tela que necesitan para la elaboración de estas mascarillas y cubrir la demanda de quienes se las requieren.

ASAJA, en colaboración con la empresa ESRI España, líder mundial en tecnología de Location Intelligence, ha puesto en marcha una bolsa de trabajo que tiene como finalidad canalizar las demandas de empleo que se registren hacia los empresarios agrarios que necesitan mano de obra de cara a las diferentes campañas de recolección. Según los cálculos de ASAJA el sector agrario requiere, para los próximos meses, un volumen de trabajadores que oscila entre 100.000 y 150.000 eventuales.

Esta plataforma, a través de la cual los demandantes de empleo de toda España canalizan sus solicitudes de trabajo y los ofertantes pueden disponer de la demanda real de trabajadores por localidades, está operativa desde el pasado 8 de abril, día en que se publicó el RD del Gobierno con medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. Para acceder a la misma los interesados deberán hacerlo a través de la web de ASAJA www.asaja.com rellenando un formulario donde tendrán que incluir sus datos personales, así como su domicilio y las campañas agrarias en la que quieren participar.

Una vez recogidos los datos ASAJA, desde sus distintas delegaciones provinciales, podrá ver en un cuadro de mando cuántos trabajadores están registrados, en qué campañas quieren participar y, lo más importante: dónde viven. De este modo, y valiéndose de mapas inteligentes, cada delegación podrá ir distribuyendo a los trabajadores en función de la normativa de movimiento actualmente vigente, respetando las normas de proximidad del término municipal o municipios colindantes para reducir los desplazamientos.

Con esta herramienta y la amplia implantación de ASAJA en todo el territorio nacional, queremos contribuir a paliar el grave problema que preocupa, por un lado, a miles de empresarios agrarios que ven como sus producciones pueden quedarse en el campo sin ser recogidas, y por otro, a miles de trabajadores se encuentran sin trabajo y corren serio peligro de no poder recuperarlo.

Según los cálculos de ASAJA, las necesidades de mano de obra del sector agrario se cifran en momentos entre 100.000 y 150.000 trabajadores. Solo en el Valle del Ebro, los empresarios de la fruta de hueso necesitarán en las próximas semanas 50.000 trabajadores, primero para las tareas de aclareo de la fruta y después para la recolección de nectarinas, albaricoques, melocotones y ciruelas. En similar situación se ven los productores de cultivos como la cereza del valle del Jerte; los nísperos de Alicante y hortícolas como el ajo en zonas productoras como Granada, Córdoba y Cuenca, el esparrago de Guadalajara o las cebollas y patatas de Valencia. En suma, una importante  demanda de  trabajadores eventuales esencial   para cubrir tareas  inaplazables del sector agrario para que éste pueda seguir  abasteciendo a la sociedad.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes solicitar una prórroga de 15 días del estado de alarma, hasta el 26 de abril, al tiempo que ha aprobado un decreto para incorporar a parados y migrantes a las tareas del campo ante la falta de temporeros por las restricciones de movilidad.

Pero el decreto contiene una exclusión concreta: todos aquellos que se beneficien de la prestación extraordinaria vinculada a los ERTE y del cese de actividad de los autónomos.

Planas, preguntado por este extremo tras el Consejo de Ministros, lo ha justificado en que "tienen una financiación propia y una cobertura propia gracias a las medidas que hemos venido adoptando". En este sentido, ha insistido en el carácter extraordinario de estos últimos decretos y destacado que cuentan "con plenas garantías para los empresarios y ciudadanos".

El desplazamiento de personas es prácticamente inexistente en Europa y Marruecos ha cerrado sus fronteras, lo que ha impedido que los trabajadores agrícolas llegasen a España. El ministro Planas ha informado de que unas 6.000 trabajadoras marroquíes ya se encontraban en Huelva y sus contratos han sido extendidos.

La restricción de movimientos ha afectado a la actividad del mundo agrario ya que hay tareas estacionales que requieren de mano de obra de otros países cuya disponibilidad ahora está restringida. Luis Planas ha explicado que no recoger esos productos podría llevar al desabastecimiento y la subida de precios, además, dos tercios de la producción se exportan.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 7 un Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Para ello, se permitirá cobrar cualquier prestación de desempleo con el cobro del trabajo en el campo,  pero se deberá trabajar en el mismo municipio o limítrofe para evitar desplazamientos.

Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19.

Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse, según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota de prensa.

Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma.

Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento de especial vulnerabilidad, sin mermar la protección social y la salud pública.

Podrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTES con causa del COVID-19.

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años.

Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en los que realizar el trabajo. Se contempla como requisito para el empresario la necesidad de asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, serán compatibles con cualquier prestación por desempleo

También se estipula que, para la tramitación de estas medidas, las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la contratación de las personas.

De esta forma las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos competentes, que las gestionarán con las personas beneficiarias para darles cobertura de manera urgente.

Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley, las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.

Estas medidas urgentes aprobadas cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta y de la prestación de la población que más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo o cese de actividad al garantizar la prestación con el cobro de un salario.

En el  Real Decreto-Ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo; y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad.

Así, se incluyen medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la tramitación de los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

También se modifica el Real Decreto-Ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico.

Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como situación asimilada a accidente de trabajo. De esta forma tendrán tal consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente in itinere.

En las últimas semanas, la crisis del coronavirus y las limitaciones de movilidad del decretado estado de alarma ha destapado uno de los grandes problemas del sector primario español, la falta de mano de obra, agravada por la situación actual.

Ante esta situación, desde numerosas entidades y organizaciones se ha alertado sobre el riesgo de no contar con trabajadores suficientes para recolectar las cosechas y realizar otro tipo de trabajos en unas fechas en las que el campo se encuentra en plena actividad.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, su titular, Luis Planas, estimaba que en España se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores para hacer frente a la recogida de las cosechas de las próximas semanas y ha reconocido que está estudiando con las organizaciones agrarias, las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo qué medidas adoptar para encontrar una “solución satisfactoria” a la escasez de mano de obra en el campo tras las restricciones de movimiento para frenar la expansión del coronavirus.

Por otra parte, la semana pasada el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ofrecía los datos del paro del mes de marzo. En el sector de agricultura se eleva a 159.420 personas, prácticamente la misma cifra que afirman es ahora necesario para las próximas campañas a nivel nacional.

Por regiones, destaca, de largo, Andalucía, con 68.941 desempleados en el sector agrario. Le siguen Castilla-La Mancha (15.252); Comunidad Valenciana (13.015); Extremadura (11.755); Cataluña (8.400); Castilla y León (8.272); Murcia (6.757) y Galicia (5.950).

Por provincia, lidera Jaén y Sevilla, con casi 13.000 parados cada una. En Castilla-La Mancha, Ciudad Real tiene 6.133, Toledo 3.951 y Albacete 3.324. Otras provincias con muchos parados agrarios son Valencia (5.990); Alicante (5.643); Badajoz (8.650) o Cáceres (3.105).

Muchas de estas provincias son en las que falta mano de obra por campañas de recolección de fruta de hueso, frutos rojos, cebolla…